por Roger D. Jones

La tragedia se despliega entre dos naciones que alguna vez se llamaron amigas. Estados Unidos, una tierra de inmenso poder y promesa, sabe desde hace mucho tiempo que la gran mayoría de las armas utilizadas para cometer violencia en México son fabricadas en sus propias fábricas, vendidas en sus propias tiendas y traficadas a través de su propia frontera. Estas armas no son utilizadas por mexicanos comunes; son la savia vital del crimen organizado, empuñadas por quienes trafican drogas, destruyen comunidades y aterrorizan a los inocentes.

México, en contraste, mantiene algunas de las leyes sobre armas más estrictas del mundo. Su cultura sigue arraigada en la familia, la fe y la comunidad, y su gente ha mostrado una profunda calidez y amistad hacia sus vecinos del norte. No existe un odio inherente ni un racismo profundo hacia los estadounidenses entre el pueblo mexicano, solo tristeza y confusión ante cómo se ha permitido que continúe tal crueldad.

Sin embargo, década tras década, el gobierno de Estados Unidos hace la vista gorda ante las decenas de miles de armas que fluyen hacia el sur cada año, armas que masacran precisamente a las personas que cosechan los alimentos, fabrican los bienes y sostienen el tejido compartido de América del Norte. Esta inacción no nace de la ignorancia. Nace de la política, la ganancia y una corriente más oscura: el racismo y la indiferencia moral que permiten a quienes toman decisiones ver el sufrimiento mexicano como algo distante y tolerable.

Permitir conscientemente tal devastación es una traición moral al ideal humano más básico: que toda vida tiene el mismo valor.

En un esfuerzo histórico, aunque finalmente frustrado, por desafiar este fracaso moral, el gobierno de México inició acciones legales contra importantes fabricantes de armas estadounidenses. En agosto de 2021, presentó una demanda en un tribunal federal de Estados Unidos acusando a algunas de las mayores compañías de armas de fuego del país de prácticas comerciales negligentes que facilitan el contrabando de armas a México, y solicitó lo que se estimó en al menos 10 mil millones de dólares en compensación por el "daño masivo" causado. La demanda alegaba que empresas como Smith & Wesson, Beretta USA, Colt's Manufacturing Company, Glock y Barrett Firearms diseñaron, comercializaron y distribuyeron conscientemente armas que terminaron en manos de los cárteles de la droga, argumentando que el flujo de armas no es un fenómeno natural, sino el resultado previsible de decisiones empresariales impulsadas por la ganancia.

Según los expedientes de México, aproximadamente el 70 por ciento de las armas de fuego incautadas en escenas del crimen en México se remontan a Estados Unidos. El caso cobró impulso en 2024 cuando la Corte de Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos reactivó la reclamación de México, reconociendo que las compañías de armas podrían haber ayudado e instigado el tráfico ilegal. Sin embargo, en junio de 2025, la Suprema Corte de Estados Unidos desestimó unánimemente el caso, protegiendo a los fabricantes bajo la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas.

Esta saga legal dice mucho. En un nivel, es una batalla por la rendición de cuentas, por las víctimas, por la dignidad y por la verdad. En otro nivel, es un mensaje al mundo: incluso cuando el sistema está amañado, el valor aún puede alzarse para enfrentarlo. El intento de México de exigir responsabilidades a las empresas estadounidenses pudo haber sido bloqueado, pero el clamor fue escuchado.

Quizás esto sea un eco moderno de un Destino Manifiesto incumplido, no de territorio, sino de control. Al permitir el flujo ilegal de armas hacia las manos de entidades malignas, se mantiene un imperio en la sombra, uno que prospera en el miedo, la dependencia y el silencio. Estas armas hacen más que matar; roban la savia vital de las comunidades, erosionando la esperanza y la fortaleza de quienes solo anhelan vivir en paz.

Y, sin embargo, curiosamente, las corporaciones estadounidenses que operan dentro de México parecen intocables frente al caos que consume a tantos pueblos y familias. ¿Están protegidas? ¿O es esto, en verdad, crimen organizado del más alto orden: la colusión del poder, el dinero y la ceguera deliberada?

México es, en muchos sentidos, una nación aún joven, anhelante de crecer hasta alcanzar su pleno potencial, de elevarse por encima de las cicatrices de la colonización y la corrupción. Su otrora amigable vecino del norte debe decidir ahora: ¿Seguirá beneficiándose del dolor de su vecino, o finalmente extenderá una mano genuina de justicia, cooperación y compasión?

Ha llegado el momento de cambiar el rumbo, de defender las voces inocentes de México y más allá, y de poner fin a esta larga noche de miedo e indiferencia.

Por cada bala disparada en México, hay un eco de responsabilidad en los pasillos de Washington y en las salas de juntas de la industria armamentista estadounidense. Esto no es solo un fracaso político; es una ceguera espiritual, una negativa a ver el sufrimiento del prójimo como propio.

Para Estados Unidos: si realmente desean enfrentar la epidemia de drogas que fluye hacia el norte, primero deben detener las armas que fluyen hacia el sur. La historia no juzgará con benevolencia su silencio.

Hasta que la conciencia prevalezca sobre el comercio, y la compasión triunfe sobre la conveniencia, esta tragedia seguirá siendo una herida abierta, sangrando inocencia.

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Roger D. Jones lleva 43 años viviendo en San Miguel, y lleva 40 casado con Rosana Álvarez, una mujer local y cofundadora de Vía Orgánica. Roger es un organizador comunitario que vive felizmente el Sueño Mexicano. "Con conciencia, amor y unidad común podemos sanar nuestro precioso planeta".

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